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EFE
Trabajadores mineros trasladan a un compañero herido durante un enfrentamiento con la Policía, en Caihuasi.
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Cuando faltan cinco días para la realización del referéndum revocatorio de mandato en Bolivia, la violencia se ha apoderado de varias localidades del país. Los hechos más graves ocurrieron en Caihuasi, en el departamento de Oruro, donde fallecieron dos mineros y unos 30 resultaron heridos durante una intervención policial para desbloquear la carretera.
Los trabajadores de Huanuni, la mina de estado más grande del país que cuenta con cuatro mil empleados, cerraron el camino La Paz - Oruro en protesta por la reforma del sistema de pensiones que adelanta el gobierno, sin tomar en cuenta la propuesta presentada por la Central Obrera Boliviana (COB), organización sindical a la que pertenecen los mineros.
Los mineros se resistieron a la acción policial y se enfrentaron a los efectivos en plena carretera, a 230 kilómetros al sur de La Paz, sede de gobierno. Armas de fuego acabaron con la vida de dos de ellos: Hernán Montero Claros y Miguel Vicente Alegre Antonio.
Autoridades gubernamentales y policiales, por separado, negaron que se hubiesen utilizado armas de fuego para despejar el camino. Sin embargo, el médico forense del hospital adonde fue trasladado Montero confirmó que su muerte se produjo por impacto de bala, de acuerdo con el despacho de la red Erbol desde la ciudad de Oruro. Las causas del deceso de Alegre aún no se han determinado.
El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, en conferencia de prensa, aseguró que los policías utilizaron únicamente material persuasivo y que, por el contrario, los mineros portaban dinamita; incluso, dijo, amenazaron con hacer explotar el puente de Caihuasi. La Fiscalía de Oruro y la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen ya investigan el caso.
Primero el derecho a la vida
El Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, en conversación con Terra Magazine, condenó la represión policial, pues si bien la instrucción es resguardar el orden "esto no es incompatible con el derecho a la vida". Por ello mismo, están exigiendo al gobierno que la investigación identifique a los responsables de esas muertes, porque es frecuente que estos hechos, que involucran a fuerzas policiales o militares, queden en la impunidad. "Este caso no puede quedarse como un número más que genera noticia y después pasa a la historia".
La ola de violencia que se desató en el país le preocupa al Defensor del Pueblo, sobre todo por su coincidencia con la próxima realización del referéndum revocatorio de mandato, el 10 de agosto. "Genera incertidumbre en todo el país y deja a todos en ascuas; lo ideal hubiera sido llegar a ese día en un clima de fraternidad y no en uno tan adverso".
En todo caso, la institución seguirá insistiendo en el diálogo entre las partes, considerando que cada una esgrime argumentos para justificar sus medidas como los bloqueos de caminos, en el caso de la reforma de pensiones que afecta a toda la población aportante a las administradoras de fondos de pensiones, o la huelga de hambre liderada por los prefectos (máximas autoridades departamentales) y cívicos de cinco departamentos, donde se encuentran los opositores más acérrimos al gobierno de Evo Morales, exigiendo la restitución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
Sobre los huelguistas, Albarracín sostiene que si el objetivo es lograr una reivindicación la única vía tendría que ser el diálogo.
Cumbre presidencial suspendida
La ciudad de Tarija también fue escenario de hechos violentos protagonizados por organizaciones cívicas que se movilizaron para evitar la llegada de los presidentes de Argentina, Cristina Fernández, y de Venezuela, Hugo Chávez, que debían reunirse con Evo Morales para la firma de un acuerdo para impulsar la instalación de una planta de extracción de licuables del gas natural.
La capital chapaca se transformó. Grupos de cívicos que también exigen la restitución del IDH al departamento tomaron las oficinas de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), nacionalizada hace tres meses, y trataron de ingresar a un hotel en el que supuestamente se había hospedado el equipo de avanzada del mandatario venezolano, según despachos desde esa región.
Los enfrentamientos entre la policía y quienes protestaban obligó al gobierno a cancelar el encuentro presidencial. En la ciudad de Cochabamba también hubo enfrentamientos entre maestros que bloqueaban la carretera Cochabamba-La Paz y campesinos que acompañaban a sus hijos al desfile escolar por la efeméride nacional. La policía intervino en la disputa con gases para dispersar a la gente.
Por otro lado, sigue la protesta de discapacitados que con ayuno, marchas y bloqueos exigen un bono anual de tres mil bolivianos, unos 420 dólares. La alternativa que plantea el Poder Ejecutivo para atender esta demanda es eliminar el subsidio a los partidos políticos para sus campañas electorales; empero, los legisladores de las tiendas políticas de oposición no están de acuerdo.
A todo esto se suman las agresiones entre militantes y simpatizantes de oficialistas y opositores que se registraron durante las campañas para el referéndum revocatorio y que se intensificaron en los últimos días. El domingo 10 de agosto, la población votará para ratificar o revocar de sus cargos al presidente de la República, Evo Morales; al vicepresidente, Álvaro García Linera, y a los nueve prefectos de departamento.
Terra Magazine