Gobierno de Acre crea puesto de fiscalización para "indios invisibles"

Gleilson Miranda / FUNAI/Gentileza Una de las fotografías de los "indios invisibles" de la frontera Brasil-Perú.

Altino Machado
Rio Branco (Acre), Brasil

Las más de mil fotografías tomadas por primera vez de los indígenas aislados de Acre durante los sobrevuelos de la frontera entre Brasil y Perú, sirvieron para sensibilizar al Gobierno del Estado y hacer lugar a una reivindicación que ya llevaba 20 años, realizada por el ruralista José Carlos dos Reis Meirelles Júnior, coordinador del Frente de Protección Etnoambiental mantenido por el FUNAI en Rio Envira. El gobernador Binho Marques (PT) recibió al especialista y anunció que el Estado financiará la instalación de un puesto de vigilancia y fiscalización en el riacho Santa Rosa, en el municipio de Santa Rosa do Purus, en el límite fronterizo entre ambos países.

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Los indios aislados que ya cuentan con dos bases de fiscalización de sus tierras que sostiene el FUNAI, se encuentran en las cabeceras de los ríos Breu, Jordão, Tarauacá, Humaitá y Envira. Cada puesto de fiscalización cuenta entre 250 y 300 mil reales por año.

Las aguas de Alto Purus atraviesan la frontera internacional llegando desde el territorio peruano y entran en Brasil poco más arriba de Santa Rosa. Los indígenas aislados viven y circulan en ambas márgenes del Alto Purus peruano. En la margen derecha estos indios conocidos como masko recorren las cabeceras del río Iaco, en la Tierra Indígena Mamoadate.

Del otro lado de la frontera está localizado Puerto Esperanza, que es una guarnición del ejército peruano, con un considerable número de efectivos militares y pista de aterrizaje asfaltada, con capacidad para recibir aeronaves de gran porte. La construcción de Esperanza y de la pista fue durante varios años un atractivo para que allí se estableciera un gran contingente poblacional, inclusive familias kulina, kaxinawa, jaminawa, mastanawa, contanawa y sharanawa llegadas de Rio Curanja y de Alto Purus.

El gobernador también accedió a otra solicitud de Meireilles, poniendo a su disposición al antropólogo Terri Vale de Aquino para asesorarlo en el trabajo de protección de los indios aislados.

- Espero contribuir en forma considerable para este trabajo -dijo Aquino a Terra Magazine, antes de viajar para participar de una reunión de los Ashaninka de Brasil y Perú, además de otros liderazgos indígenas de Alto Juruá, en la aldea Apiwtxa de Rio Amônea, en el extremo oeste brasileño.

La vigilancia y la protección de los indios aislados deberá contar, además, con la participación del antropólogo Marcelo Piedrafita. Los antropólogos y el ruralista esperan convencer al gobierno estadual de incluir a los pueblos aislados de Acre en el programa de Desarrollo Sustentable que está financiando el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Conflictos

El gobierno de Acre suscribió con el BID en junio de 2002 un préstamo para implementación del programa por un valor de US$ 108 millones, de los cuales US$ 64,8 millones provenían del préstamo del BID y US$ 43,2 millones de contrapartida local. El área geográfica del programa abarca todo el territorio del Estado de Acre, con 16,5 millones de hectáreas y una población estimada de 600.000 habitantes.

El programa no contempló hasta el momento iniciativa alguna de protección de los indios aislados, si bien el objetivo general del programa es promover el crecimiento económico ambientalmente sustentable y la diversificación productiva, a fin de mejorar la calidad de vida de la población y preservar el patrimonio natural del Estado a largo plazo.

- La decisión del gobernador llegó en el momento justo, pues la última área de aislados que será demarcada ahora en Acre, en Alto Rio Envira, se realizará en los próximos dos meses. No tendría sentido demarcarlo y no disponer de un puesto de vigilancia en la misma -señala Meirelles.

La población indígena de Acre está estimada en más de 10.000 personas. Está formada por 12 etnias diferentes. Pero existen las etnias aisladas, o sea, sin contacto con la sociedad nacional, que tiene su territorio tradicional a lo largo de la frontera internacional Brasil-Perú. Nadie se atreve a hacer una estimación de la población de "indios invisibles", como se los denominaba hasta la publicación de sus fotos con exclusividad en Terra Magazine.

En Acre existen 28 territorios indígenas reconocidos por el Gobierno Federal. Tienen una extensión total de 2,1 millones de hectáreas, lo que equivale al 14,2% de la superficie del Estado, distribuidas en medio de los 22 municipios acreanos.

En las últimas dos décadas fueron frecuentes los conflictos seguidos de muerte que involucraron a los grupos aislados, regionalmente conocidos como "brabos" y los pueblos kaxinawa, ashaninka, kulina, manchineri y los seringueiros que ocupaban sus territorios. La FUNAI tiene a su cargo la protección de los grupos aislados desde 1988, a través del Frente de Protección Etnoambiental de Rio Envira. El principal trabajo consiste en la vigilancia y protección de estos territorios.

Cocaína

Los "brabos" roban herramientas, alimentos, ropa y armas de las casas de los recolectores de caucho situadas en la frontera desde hace más de un siglo. Los conflictos con los axinawa, ashaninka y seringueiros han tenido como resultado muertos y heridos. En más de una década, sucesivos equipos han tratado de concientizar a los indios de la etnia shaninka para evitar las cabeceras del Rio Envira. La actuación del Frente de Protección Etnoambiental viene garantizando la integridad de las tierras indígenas en las nacientes de los ríos Envira y Tarauacá al impedir la entrada de cazadores y personas extrañas.

Las poblaciones indígenas se movilizaron hacia Acre en los años 80, para garantizar las tierras identificadas por la FUNAI, de estas movilizaciones resultaron la desarticulación del sistema de chozas, la abolición del alquiler, la retirada de los patrones, el surgimiento de las cooperativas, la ocupación productiva de las plantaciones y rutas del caucho, la legitimación de nuevos liderazgos y una mayor autonomía para comercializar la goma y las mercaderías en las sedes municipales.

En los años 90 hubo una profunda crisis en la economía forestal del estado, debido a la carencia de una política de precio y mercado para el caucho. La coyuntura derivó en la paralización de la compra de goma por fábricas y comerciantes ciudadanos. En la primera mitad de la década comerciantes, políticos y propietarios de siringales promovieron la explotación ilegal y depredadora de la madera dura, que llegó a tierras indígenas y sus contornos. Hasta el presente son comunes las cacerías y pesquerías comerciales, incentivadas por mercaderes y realizadas por gente de la ciudad y por los propios indios.

La pavimentación de las rutas brasileñas BR-317 y BR-364 contribuye a intensificar el transporte carretero de cargas, promoviendo transformaciones ambientales y sociales en la región. La extracción de madera ilegal realizada por los peruanos y el tráfico de cocaína en los principales centros urbanos se agravaron ante una frontera completamente desguarnecida.