¿Por qué una ley de delitos informáticos?

Congreso de Chile/Cortesía El Congreso de Chile deberá tratar una nueva ley de delitos informáticos.

Alberto Cerda Silva
Santiago, Chile

Días atrás acaba de ser presentada una iniciativa de ley en el Congreso de Colombia destinada a reglamentar los denominados delitos informáticos. Por su parte, el Gobierno de Chile acaba de anunciar su estrategia digital, en la cual incluye el dictado de una nueva ley en la materia. Disponer de una adecuada legislación para prevenir y reprimir tales ilícitos constituye un elemento esencial para preservar la seguridad de la Red, la fiabilidad en el sistema jurídico y brindar márgenes de tranquilidad a los usuarios. Es algo que los Estados bien conocen.

Sin embargo, el mundo de las tecnologías enrostra al derecho su ineficacia para hacerse cargo penalmente de los ilícitos que tienen lugar mediante el empleo de tecnologías de la información y comunicación. ¿Por qué es necesario dictar leyes para sancionar a los delincuentes informáticos? ¿Acaso no es posible hacer uso de la legislación ya existente?

Contrariamente a lo que suele suponerse, no siempre es necesario dictar leyes para sancionar los delitos que se cometen a través del empleo de las nuevas tecnologías. Muchas veces nuestra vieja normativa es capaz de absorber el impacto tecnológico, ya que sus disposiciones guardan cierta neutralidad frente a su desarrollo. Así, por ejemplo, es usual que nuestras legislaciones sancionen criminalmente a quien injuria a otro, pero le es indistinto cual sea el medio a través del cual tales expresiones injuriantes se emiten; que si a través de la prensa escrita, que si por la televisión o la radio, o a través de un sitio web, para la ley resulta intrascendente a efectos de la configuración del delito.

Pero, en otras circunstancias, las conductas indeseables que tienen lugar mediante el empleo de la tecnología no se encuentran previstas en la legislación; como resultado de ello, tales conductas resultan impunes. Y es que nuestros antiguos legisladores difícilmente pudieron prever las defraudaciones informáticas, los daños sobre los sistemas y la data, la obtención indebida de datos o phishing, por mencionar sólo algunos hechos repudiables. Para sancionar tales prácticas se hace imprescindible modificar nuestra legislación.

La exigencia de disponer de leyes precisas que indiquen qué constituye un delito es una exigencia elemental de todo Estado democrático, una fórmula a través de la cual se limita el poder estatal y, a la vez, se garantizan los derechos fundamentales de toda persona. Conocer de antemano qué será considerado un delito y qué sanción traerá aparejada su comisión brinda certezas respecto de lo que podemos hacer sin arriesgar una pena. De ahí pues, la necesidad de modificar nuestra legislación para obtener la sanción penal de aquellas conductas dañosas que hasta la fecha no se encuentran previstas en la ley; de ahí la tarea que emprende Colombia y anuncia Chile en la materia.

Ahora bien, que una determinada conducta no sea hoy un ilícito penal no quiere decir que no dé origen a algún tipo de responsabilidad para su autor. Un hecho puede estar criminalmente exento de reproche, pero ello no obsta a que, concurriendo los requisitos legales del caso, haya lugar a otro tipo de sanciones, previstas en la legislación civil, laboral, administrativa u otra. Así, por ejemplo, quizá la emisión de correo electrónico no deseado no se sanciona penalmente en nuestro país, pero tal vez si se sanciona administrativamente por las autoridades encargadas de proteger los derechos de los consumidores o la información personal, y eventualmente podría implicar responsabilidad civil, de modo que su autor sea obligado a indemnizar los perjuicios que su conducta ha ocasionado.

No toda conducta que nos parece lesiva debe ser sancionada penalmente. En muchas ocasiones bastará prever este otro tipo de sanciones, de modo que reservemos las penas privativas de libertad y otros derechos tan solo para los hechos especialmente lesivos a los intereses sociales. Es sencillo sucumbir a la tentación de criminalizar todo en Internet, pero ello debe tomarse con cautela. Más intervención penal es la mejor manera de deslegitimar el sistema y, de paso, poner en serio riesgo las libertades y derechos fundamentales.

Si podemos incrementa nuestra seguridad a niveles deseables, sin poner tras las rejas a más y más usuarios de Internet, bienvenido sea. Al final del día la plena seguridad es una falacia, y debemos aprender a vivir en un ambiente inseguro, aunque sin renunciar a la intensión de llevar la inseguridad a márgenes tolerables, un asunto sobre el cual el hombre viene trabajando desde el principio de los tiempos.

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