Ex jefe paramilitar pone en apuros a Uribe

Especial El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso responde preguntas en una conferencia de prensa dada en su celda de alta seguridad el 30 de marzo de 2007.

Antonio Morales Riveira
Bogotá, Colombia

En los últimos seis días, Colombia ha asistido -y una vez más sin que nada de importancia ocurra, que no sean los mismos hechos y denuncias- a una catarata de tremendas revelaciones. Veamos.

El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso comenzó el asunto cuando dijo que los hoy presos ex jefes de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia han sido amenazados para que no confiesen ni delaten a los políticos, empresarios y militares que tuvieron nexos con esos escuadrones de la contraguerrilla privada. Y dijo que este martes 15 contaría toda la verdad.

En entrevista con la periodista Natalia Springer, Mancuso reveló que el actual embajador colombiano en Italia, el ex ministro del Interior y de Justicia Sabas Pretelt, "vino a vernos en nombre de los industriales de este país", pero no precisó si lo hizo cuando el funcionario presidía la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), que ejercía antes de ser nombrado en el gabinete del Ejecutivo del Álvaro Uribe.

"Los bancos participaban en el lavado de dinero del narcotráfico", agregó, y señaló luego que todos los "sectores estratégicos" de Colombia, entre ellos el del transporte, tuvieron vínculos con las Auc. Confirmó que las Auc, como "modelo de Estado", incidieron en varias campañas electorales a la Presidencia y llegó a "acuerdos de mutuo beneficio" con congresistas, gobernadores y alcaldes, quienes conforman una larga lista que facilitó al periódico. Afirmó que ningún político fue forzado para que se reuniera con los paramilitares. Y para rematar, Mancuso propuso hacer dos confesiones, una ante la justicia y otra ante la iglesia. Sólo el cinismo propio del capo de los paras decidiría qué le confiesa a la sociedad y qué a Dios.

Posteriormente, al terminar la semana anterior, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación hicieron efectivas las órdenes de captura por concierto para delinquir en el caso del llamado escándalo de la parapolítica contra 19 personas, entre ellas cinco congresistas, todos cercanos políticamente al Presidente Álvaro Uribe. En el grupo de capturados había ex congresistas, ex gobernadores, ex alcaldes y funcionarios de la región de la Costa Caribe, fortín de los paramilitares. Según dijo el propio vicepresidente Francisco Santos, los parlamentarios capturados podrían llegara a 40, lo cual le valió un regaño del presidente Uribe. En todo caso, van 14 senadores y representantes a la Cámara uribistas detenidos y todo indica que la aventurada cifra del "Vice" no está lejos de ser cumplida. Otro congresista es buscado como reo ausente, así como un ex ministro.

El domingo 13 de marzo, la revista Semana publicó un informe basado en interceptación de llamadas. Allí se se señala cómo los jefes paramilitares, a través de sus mandos medios, también presos con ellos en la cárcel de Itagüí, han continuado ordenando asesinatos, manejando las redes del narcotráfico y están en el proceso de rearme y organización de nuevos frentes paramilitares. Esto viene a comprobar lo que el país se temía, que la desmovilización "paraca" es un embeleco y que estos grupos se mantienen en sus regiones de influencia, con toda su carga de horror.

Desde luego, la espada de Damocles de su posible extradición a los Estados Unidos, es el elemento de mayor peso en esta "destapada" de los paras. Han dicho que han adelantado conversaciones con los Estados Unidos para "arreglar la vuelta" que viene siendo como deshacer el entuerto en su lenguaje mafioso. Creen que ventilando el asunto no podrá presentarse la retaliación de los dueños del poder. Mientras tanto, los Estados Unidos mantienen en alto su bandera de doble moral, de no exigir la extradición de los paramafiosos, que tantos servicios le prestaron a la causa antiterrorista, que es la propia causa de los gringos y su particular guerra en este país. Y queda, desde luego, la gran amenaza y la gran carta bajo la mesa: la posibilidad de involucrar directamente al Presidente Álvaro Uribe en el caso de la parapolítica. Pero eso solo se utilizaría si llega el momento de la debacle.

El día lunes 14 de mayo se conoció que toda la cúpula de la policía nacional (11 generales) había sido llamada a calificar servicios, es decir echada de sus cargos, porque se comprobó que desde la central de inteligencia de esa institución se habían intervenido numerosos teléfonos de periodistas, políticos de oposición y hasta de los propios ministros de Uribe. Y claro, también fueron interceptados los teléfonos que usan tranquilamente en la cárcel los jefes paramilitares y eso llenó la copa. La generalizada "chuzada" telefónica es una práctica corriente en Colombia, como arma de lucha contra la guerrilla y las mafias, pero parece que esta vez los policías fueron muy lejos. ¿La intención de estas interceptaciones? Pues, como siempre, tener información de primera mano de los más altos círculos, para poder "canjearla" y defenderse, dado el caso.

Y para seguir, porque como van las cosas este asunto no parece tocar fondo, como ya lo había anunciado, el propio Mancuso confirmó el martes 15 en indagatoria ante Fiscalía varias de sus denuncias, además de agregar nuevas noticias a la terrible "parilla" informativa de este proceso que ha salpicado prácticamente a toda la clase dirigente colombiana, en lo político, lo económico y lo militar, o por lo menos a aquella que se ha situado en la extrema derecha y la derecha, en torno al Presidente Álvaro Uribe.

Dijo el ex jefe para, autor de numerosas masacres y todo tipo de delitos de lesa humanidad: "El paramilitarismo es una política de Estado". Agregó que "el paramilitarismo es orquestado por los gremios económicos y es alimentado por los militares". Mancuso contó que entre 1996 y 1997 se reunió con el general Rito Alejo del Río y dijo que el tema tratado fue la expansión paramilitar en Urabá, al norte de Colombia. Implicó también a los generales martín Orlando Carreño, Iván Ramírez, y al general Alfonso Manosalva (fallecido), con quien se reunió al menos diez veces. Agregó que se reunió con "Pachito" (refiriéndose al Vicepresidente Francisco Santos) antes de que él ocupara ese cargo.

Hasta el momento la única reacción del gobierno ha sido de cajón, un tanto insulsa. Dijo el ministro de Interior Carlos Holguín: "El Gobierno no le tiene miedo a la verdad". Como se dice coloquialmente en Colombia, "el que quiera más, que le piquen caña", es decir, es imposible estar más nutrido informativamente de todo lo que ha pasado en este país en los últimos años. La alianza conspirativa y criminal de todo un país político y económico con unos asesinos que fueron su propio invento y que hoy, y una vez más en lenguaje popular, se han convertido en "cuchillo para su propio pescuezo". Como lo son también los decenas de miles de colombianos asesinados que señalan desde las fosas que hoy se empiezan a abrir.

Entre más se destape, el boomerang retornará con más fuerza. ¿Suficiente para golpear a los verdaderos autores ideológicos de este holocausto cometido en aras de la lucha anti-insurgente? Como lo decía este columnista la semana anterior en Terra Magazine, es cuestión de la calidad del teflón.