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Reproducción
El veto al Proyecto de Ley Nº 2566 muestra la clara intención de la gestión Macri de favorecer a los laboratorios privados.
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Pablo E. Chacón
Buenos Aires, Argentina
Es bien conocida mi repugnancia de siempre por la apelación de ciencias humanas, que me parece ser el llamado mismo de la servidumbre. Es también que el término es falso, dejando de lado a la psicología que ha descubierto los modos de sobrevivirse en los servicios que ofrece a la tecnocracia; o incluso, como concluye con un humor verdaderamente swiftiano un artículo sensacional de Canguilhem: en una resbalada de tobogán desde el panteón a la prefectura de policía.
El futuro ya llegó. El sueño terminó. El proyecto de ampliación de un Laboratorio Estatal de Producción de Medicamentos situado en la ciudad de Buenos Aires duró unos días y abrió todo un abanico de sospechas. Empezando por el concepto de salud pública que maneja Mauricio Macri, un hombre de negocios reconvertido en jefe de gobierno de la capital argentina.
El proyecto de ley fue votado el 29 de noviembre del año pasado, diez días antes de que el líder del Pro (Propuesta Republicana) asumiera el gobierno distrital, y vetado el 28 de diciembre, ignorando -con o sin deliberación- la importancia de un organismo con once talleres, uno especialmente encargado de elaborar medicamentos genéricos destinados a los sectores más desprotegidos, que ahora se verán empujados a comprar en farmacias, simples bocas de expendio de los laboratorios privados.
El agravante es que las farmacias más importantes, que operan en cadena, registran el número, la cantidad y el nombre del emisor de la receta (la venta de ansiolíticos, antipsicóticos y antidepresivos sin receta está prohibida), pero la prohibición es selectiva: esas cadenas trabajan con ciertos laboratorios y monopolizan la demanda del remedio que después de la consulta, si es pertinente, entregan los médicos psiquiatras, la mayoría a sueldo de las empresas de medicina prepaga. Ese sector, junto con los laboratorios privados, es el más favorecido por el veto promovido desde el corazón del Pro.
Dicho con otras palabras: no se trata de promover la venta de ansiolíticos, antipsicóticos o antidepresivos sin receta, sino de chequear cuáles son las marcas que se despachan en esas bodegas; la mayoría, abrumadoramente, pertenecen a los mismos laboratorios privados que -en estricto off, un ex ministro de Salud porteño confió a Terra Magazine- ya tenían cerrado con Macri este negocio, cuyo paso previo era desarmar los talleres protegidos por el Estado o bien estrangularlos a corto plazo por falta de presupuesto. El efecto secundario del veto es la proliferación de farmacias de barrio que venden remedios sin receta como única manera de sobrevivir, a un costo mayor y muchas veces sin cumplir con los estándares de calidad mínima.
Pero no hay que quejarse, los fundamentos del dictamen resultan inapelables y son coherentes con la ideología de la derecha que administra Buenos Aires (gracias al 60% de los votos de los ciudadanos) y con la relación de fuerzas expuesta el día de la votación del proyecto: veintidós votos a favor y veintiuno en contra, la totalidad de los macristas, como se llama a los partidarios del empresario, y el resto, pertenecientes a sus aliados de ocasión.
"Si bien el Poder Ejecutivo comparte el espíritu del emprendimiento, apreciando los beneficios que reportaría un laboratorio de las características descriptas en el mentado proyecto de ley, el desarrollo del laboratorio en cuestión no resulta viable, sin perjuicio de que oportunamente se lleven adelante acciones de gobierno que permitan sentar bases sólidas que posibiliten contar con un Laboratorio Estatal de Producción de Medicamentos", dijo la gente del Pro.
"Un muy amplio espectro de drogas exige contar con una estructura significativa y con recursos técnicos y humanos capacitados para producir tan vasta gama de productos medicinales", tarea que a su vez supondría para la estructura edilicia de los talleres "el cumplimiento de las disposiciones de la Anmat (el organismo encargado de autorizar la prescripción y venta de medicamentos en la Argentina), requisitos que "no pueden ser satisfechos en las condiciones actuales del laboratorio que funciona en los Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica", tanto como "la imperiosa necesidad de contar con recursos humanos altamente capacitados, que no pueden ser satisfechos en lo inmediato con el personal que cumple funciones", porque "actualmente se carece de recursos específicos para ser destinados al desarrollo del laboratorio en cuestión", agregaron.
Por todo eso, y quizás por menos también, "vétase el Proyecto de Ley Nº 2566, sancionado por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 29 de noviembre de 2007". El decreto lleva las firmas de Macri, del jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, y de Jorge Lemus, polémico ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires.
Es curioso: la entonces titular de la Comisión de Salud, Soledad Acuña, no logró conseguir un despacho de minoría, sino un único despacho. El objetivo del Pro es favorecer a la medicina privada, y la orden de máxima era que el proyecto no se tratara. Pero se trató. El veto posterior argumenta, de arranque nomás, que la idea es ponderable, pero que se la inhibe igual "por problemas presupuestarios", según una fuente del ministerio de Salud.
La ex diputada Ana María Suppa, del Frente para la Victoria, el sector del peronismo que actualmente está en el poder, desmintió en diálogo con Terra Magazine esa afirmación: "Estuvo claro desde un principio que Macri no quería que el proyecto se tratara y menos que se aprobara. Pero también estaba claro que no quería pagar el costo político que hubiera implicado negarse a la discusión parlamentaria. Entonces montaron la escenita: sin despacho de minoría, (los Pro) bajaron y votaron en contra, siempre con excusas presupuestarias, cuando está claro no sólo que los talleres vienen de antes sino que el millón de pesos extra no salió del presupuesto 2008, como se estuvo diciendo, sino del presupuesto 2007. El millón de pesos que se aprobó para el 2008 implicaba, y así quedó asentado, que el proyecto se transformara en ley primero, y en las prioridades presupuestarias después".
El problema central es político-ideológico: Macri es un empresario, es alguien que viene de la actividad privada, es un hombre de negocios (aunque la mayor parte de su fortuna y la de su padre, Franco haya crecido a costas del Estado argentino). A Macri jamás se le hubiera ocurrido montar un laboratorio estatal de remedios más baratos que los que se venden en los comercios. La gestión Pro está claramente escorada hacia los intereses de los laboratorios privados.
Sobre llovido, mojado: si hay alguien que lo expresó de manera rotunda y definitiva fue la vicejefa de Gobierno, Gabriela Michetti, el "rostro humano" del Pro, en declaraciones hechas la semana que pasó a un semanario especializado: "Nosotros ya estuvimos en contra de esa ley en la Legislatura. Creemos que la manera de llegar a satisfacer esa necesidad de la población es con otra metodología y otros instrumentos. Estamos en contra de que el estado fabrique drogas y tome un rol empresarial. Porque creemos que se pueden abaratar los costos no a partir de tener un laboratorio, sino de no tenerlo. Para la ciudad, tener un laboratorio significaría la utilización de muchos más recursos que comprar a partir de la competencia transparente y bien hecha en el sector privado".
Algunos hablan de honestidad brutal, y otros se animan a dar los nombres de los laboratorios top: Roemmers, Gador, Pfizer. Suppa: "Son esos tres y todos los otros, porque la demanda de genéricos crece y el Taller Protegido no puede responder con la estructura actual. Si no es apoyado económicamente, si no es trasladado al futuro Polo Farmacéutico, se muere, no puede competir. Macri no entiende que la salud no es una mercancía. La salud es un bien social. Este es el núcleo duro del problema. Las declaraciones de Michetti reflejan con exactitud lo que es la ideología de Macri: es echar gente, es que los porteños tengan prioridad sobre los provincianos para la atención primaria en los hospitales del estado y es la transformación del gobierno en un sistema subsidiario de intereses empresarios privados, incluyendo prepagas y laboratorios".
Macri vetó el proyecto de ley sin siquiera tomarse el trabajo de ir hasta el taller principal, situado en la zona sur de la capital, en Barracas, frente al hospital Moyano, donde la doctora Graciela Russo, médica psiquiatra, cuida de la selección de los nuevos oficiantes y coordina a un pequeño equipo de psicólogos, terapistas ocupacionales y otros profesionales. La doctora Noemí Raffo es la encargada del laboratorio, que produce pastillas y comprimidos (genéricos) con los que se abastece a los hospitales de la ciudad.
Los estabilizadores antipsicóticos, los antidepresivos y los ansiolíticos, resultaron un problema para los laboratorios privados, que asistían (y sobrefacturaban) a hospitales públicos y privados, a clínicas y a sanatorios. Todavía lo hacen, y de ahí la variedad y cantidad de ofertas (bajo forma de discursos, y de "síntomas" ad hoc: bipolaridad, trastornos obsesivo-compulsivos, ataques de pánico, bulimias, "adicciones", anorexias, psiconeuroinmunoendocrinologías: es la "psiquiatrización" de la subjetividad, para la cual, claro está, siempre hay una pastilla que devuelve la "felicidad".
Las aspirinas y los comprimidos contra los achaques de hígado no son competencia, y tampoco negocio. Y los remedios contra las nuevas cepas de tuberculosis que retornaron montadas, mucho más resistentes, al sida, son la especialidad de la casa; de alta calidad, son los más solicitados.
Macri vetó la ley porque no concibe, como su colega Michetti, otra forma de atención sanitaria que no sea privada. A pesar de las excusas que intentó frente a Terra Magazine, por medio de su asesora, María Trinidad del Pino, la titular de la Comisión de Salud de la Legislatura, Lidia Saya, una psicóloga peronista que se pasó al Pro, no fue muy convincente: "La diputada está pensando en hablar con el jefe de Gobierno no para volver atrás pero sí para encauzar la discusión por otra vía -dijo del Pino-. Tal vez sea posible un veto parcial... Está reuniéndose con el ministro de Salud, Lemus, y ya tiene audiencia con Macri. La idea -añadió- es trabajar para modificar el proyecto original y convertirlo en una alternativa realmente viable". Saya estuvo al frente de los equipos que coordinan el área de "salud mental" de la Fundación Creer y Crecer, esa incubadora de talentos con la que Macri ganó las elecciones. Se tomó el trabajo de visitar los once talleres, de enterarse de que la idea rectora es dar a los afectados la oportunidad de un oficio que les permita la reinserción laboral, y acaso haya vuelto a su memoria el espíritu de la desmanicomialización que movilizó a cantidad de seguidores del italiano Franco Bassagia en Trieste, y a los ingleses Ronald David Laing y David Cooper. La "antipsiquiatría", que en la Argentina abortó por la patada a la panza que propinó el golpe de estado del 1976. Sin embargo, algo de eso resiste: "La diputada sabe que la reducción de la internación de los sujetos en los hospitales sería excelente, aunque entiende que en este contexto de crisis todavía es imposible", señaló Del Pino. Es imposible porque Macri, que no quiere cartoneros ni mendigos en la calle pero lleva una adelante una política que produce cartoneros y mendigos nuevos todos los días, tampoco entiende que hay sujetos, enfermos, que necesariamente requieren de una medicación que no está al alcance de sus manos, y cuya ausencia promueve una cronificación del sufrimiento o la aparición de síntomas que lo agravan.
Entretanto, el proyecto de ley duerme el sueño de los justos. Estaba previsto un aumento de presupuesto y un traslado al Polo Farmacéutico que está construyendo la Corporación del Sur, otro emprendimiento estatal, en la zona de Lugano, donde ya reservaron predio once laboratorios privados y el más grande, destinado al taller protegido, que a la fecha está vacante.
Según Saya, la idea "es propiciar y fortalecer la posibilidad de que la ciudad cuente con un laboratorio estatal, pero estamos hablando de un lugar donde se fabrican drogas, esto es, donde se respeten las normativas internacionales", como dando por hecho que la aprobación de la Anmat todavía está ausente, y sin decir que todo era cuestión de tiempo.
El argumento de la falta de calificación técnica y humana cae por su propio peso: los trabajadores de los talleres protegidos son todos egresados de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y algunos son becarios de posgrado. En el Pro es difícil encontrar profesionales que no tengan matrículas de la Universidad Católica Argentina (UCA), que respecto de la UBA tiene una ventaja insoslayable: su privilegiada relación con los laboratorios privados, que se impusieron por influencias al punto de que el estado municipal no pondrá más dinero, ni siquiera para la fabricación de aquellos remedios llamados "huérfanos", que no suponen competencia.
El doctor Lemus está procesado por experimentar un remedio no autorizado con un paciente infartado, que terminó falleciendo, cuando era director del Hospital Fernández de Buenos Aires. Quizás pueda decir algo sobre la cantidad de experimentos con drogas no autorizadas que, según reveló la ex diputada Vilma Ripoll, enfermera diplomada, se siguen haciendo sin los protocolos correspondientes en distintos hospitales de esta ciudad, sobre chicos trastornados psicológicamente. "Los hospicios porteños no sólo están sobresaturados, superpoblados. Se encubren experimentos ilegales, y se provocan síntomas con el único objetivo de asustar a la población. La gente se imagina enajenados asaltando por la calle, cuando lo que se busca es tener a los pibes encerrados, enfermos, presos del sistema de laboratorios, que sigue usándolos como cobayos", sostuvo Ripoll.
Terra Magazine