Los derechos de los uruguayos de la diáspora

EFE El presidente del Frente Amplio, el senador Danilo Astori, precandidato presidencial. Los expertos coinciden en que el voto se distribuiría casi de la misma forma en que se distribuye en las elecciones que se realizan en el hermético recinto de la patria, dice Barreiro.

Jorge Barreiro
Montevideo, Uruguay

Cerca de 600.000 uruguayos, el 15% del total aproximadamente, están imposibilitados de ejercer sus derechos políticos. Son los que viven fuera del país, los que fueron expulsados por la miseria o decidieron irse voluntariamente a descubrir mundo, da igual. Lo cierto es que Uruguay se encuentra entre la cada vez más exigua minoría de países cuya legislación no contempla el derecho a votar cuando no se vive en el territorio. Desde hace no menos de una década el tema forma parte de la agenda política, pero como la modificación de las normas electorales exigen mayorías especiales en el parlamento para ser modificadas, la propuesta de la izquierda de reformar la Constitución y autorizar el derecho a voto de los uruguayos de la diáspora nunca termina de aprobarse.

El bloqueo se debe a que entre los partidos políticos uruguayos hay partidarios y opositores a otorgar ese derecho a quienes viven en el exterior. Básicamente la división coincide con la división izquierda-derecha. La primera, en el gobierno, es partidaria de que los 600.000 uruguayos que viven fuera del país tengan los mismos derechos que quienes permanecen en él. La derecha se opone férreamente a la iniciativa con el argumento de que quienes no viven en el país no deben elegir a los gobernantes y a los legisladores porque ellos no padecerán luego las consecuencias del voto que emitan (esto es, que no tendrán que "padecer" a las autoridades que contribuyen a elegir). Señalemos, además, que la interdicción de votar en el exterior afecta no sólo a los emigrantes instalados fuera del país, sino también a quienes están de viaje por cortos períodos y de quienes no se puede decir razonablemente que no padecerán las consecuencias de su elección.

El argumento no deja de ser insólito en los tiempos que corren. En primer lugar, porque todos los que vivimos en un determinado territorio padecemos las consecuencias de una serie de decisiones que nosotros no tomamos, entre ellas las que toman poderes que no sólo no hemos elegido los ciudadanos de ese territorio, sino que nadie ha elegido. Poderes que además están por encima de cualquier criterio o institucionalidad democráticos y que vaya si influyen en nuestros destinos. Véase apenas las consecuencias de la presente crisis internacional.

Dicho de otro modo: ya hay poderes, instituciones y personas que determinan (o si se prefiere, que influyen en) nuestras condiciones de existencia y que tampoco viven en este territorio y en ninguno en particular. No sólo están fuera de fronteras, sino que tampoco padecen las consecuencias de las decisiones que toman. Es totalmente pueril oponerse al voto de los uruguayos en el extranjero con ese argumento. Es como decir que, dado que nada podemos hacer para evitar que esas fuerzas incontrolables sigan influyendo sobre el curso de nuestras vidas, evitemos que lo hagan unos centenares de miles de emigrantes uruguayos. Unos cientos de miles de uruguayos que tienen más interés en lo que aquí ocurra y que en principio no hay motivos para pensar que actúen más irresponsablemente de lo que lo hacen aquellas fuerzas.

Tampoco es cierto que lo que aquí ocurra les resulte indiferente. No es un capricho suponer que un buen número de ellos podría tomar la decisión de retornar al Uruguay si las condiciones así se lo permitieran. Y es posible que para muchos otros esas condiciones y esa decisión dependan del partido que esté en el gobierno y la política que lleve adelante. Lo curioso es que los mismos que se apuntan en las filas de la resistencia a otorgar el derecho al voto a quienes viven en el exterior "para que no influyan sobre nuestras vidas" desde sus paraísos foráneos, no muestren el mismo rechazo a que esos emigrados envíen cada año más de 130 millones de dólares, algo menos del 1% del PBI, pero más del 3% de las exportaciones totales en concepto de remesas. Nuestros patriotas apegados al terruño no parecen tan molestos por esa "influencia" foránea sobre las condiciones de vida de miles de uruguayos.

Las contradicciones en que incurren los partidarios de negar el voto consular son demasiado evidentes como para no sospechar que sus motivaciones no son exactamente las que alegan. Agreguemos de paso otra a las ya mencionadas: nuestros partidos conservadores suelen tomar a los sistemas políticos de las democracias occidentales como modelos a imitar. Sin embargo, en lo que concierne al voto desde el exterior, ese modelo es olímpicamente ignorado

Lo que en el fondo está detrás de esta controversia son las condiciones del ejercicio de la ciudadanía en tiempos globales. Cuando los factores económicos, sociales y culturales que determinan nuestras vidas no están atados al territorio, sino que son fluidos y móviles, cabe preguntarse si acaso la política no debería ponerse a la altura de esas determinaciones para no resultar impotente. Una modesta iniciativa para reducir esa chocante desigualdad que existe entre esas fuerzas (no democráticas) que fluyen libremente y la política, básicamente atada al territorio, sería encaminarnos hacia una ciudadanía también global. Pero no, nuestros atávicos conservadores nos proponen privilegiar los criterios sedentarios de siempre a la hora de ejercer nuestros derechos: el lugar de nacimiento o de residencia. O peor, el de sangre. El asunto es que con raseros tan arcaicos para ejercer los derechos ciudadanos, millones de seres humanos terminan en un limbo político. Porque la mayoría de ellos no puede ejercer el derecho porque "se fueron" de su país, pero tampoco lo pueden ejercer en el país al que llegaron y donde viven, porque tampoco son "de allí". De modo que se los castiga por no residir en el país en el que nacieron o por residir en el que no nacieron.

Estas consideraciones son por completo ajenas a quienes se oponen a reformar la legislación electoral uruguaya para otorgar el derecho a votar a quienes se fueron del país. No se avienen siquiera a discutirlas, En el fondo su patriótica resistencia obedece a cálculos muchos más mezquinos. Sospechan, sin fundamento, que los emigrados se inclinan masivamente por votar a los partidos de izquierda. Si ello ha sido mayormente así hasta ahora, se debe a que sólo se han tomado la molestia de viajar para depositar una papeleta en una urna quienes tienen una actitud más comprometida y militante con los asuntos políticos.

El lugar común y la tradición (aunque no los datos firmes y fuera de cualquier duda) indican que esas personas votan en mayor proporción a la izquierda. Sin embargo, otro gallo cantaría si ese derecho pudiera ser ejercido no por los cerca de 50.000 que realizan el esfuerzo de tomarse un bus o un avión para venir a votar, sino por todos los uruguayos que están fuera del país sin tener que moverse de la ciudad en la que residen. Los expertos en estas complejas cuestiones coinciden en que ese caso, el voto se distribuiría casi de la misma forma en que se distribuye en las elecciones que se realizan en el hermético recinto de la patria sin intromisiones foráneas.

Dado que el mezquino cálculo electorero no osa decir su nombre ni avenirse a la razonada exposición de argumentos, no me parece desencaminado el propósito de legisladores oficialistas y de la Comisión Nacional por el Voto de las Uruguayas y Uruguayos en el Exterior de recurrir al artículo 331 de la Constitución que permite que la misma sea modificada con dos quintos de los senadores y diputados y que el cambio sea luego sometido a referendo.