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Reproducción
"Debe haber condiciones para que las mujeres podamos decidir sobre nuestra maternidad", sostiene María Consuelo Mejía.
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Mauricio Torres
Distrito Federal, México
Ante el rechazo que la jerarquía eclesiástica presenta al aborto, a la anticoncepción de emergencia y a la promoción del uso del condón, María Consuelo Mejía, directora de la asociación civil Católicas por el Derecho a Decidir, en México, resume en una frase su defensa del papel del Estado laico en materia de sexualidad: "Estamos en el siglo XXI, en una sociedad supuestamente democrática, en donde las políticas públicas no pueden elaborarse en base a creencias religiosas".
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En entrevista con Terra Magazine, Mejía, quien pugna por que las mujeres ejerzan su libertad de conciencia, se refiere a una encuesta realizada por la organización en 2003, según la cual la mayoría de la población católica mexicana no está de acuerdo con que la cúpula de la iglesia prohíba los métodos anticonceptivos ni con que se impida la interrupción del embarazo en determinadas circunstancias. Asimismo, dice, 85% desea que el Estado se mantenga independiente de cualquier credo; en Brasil, Bolivia y Colombia, donde también se llevó a cabo el estudio, hallaron "resultados muy semejantes".
Al recordar el proceso que en 2007 condujo a la despenalización del aborto en la capital del país, expresa que en la asociación vivieron aquella época "con mucho entusiasmo, trabajo y compromiso". "Tuvimos mucha voluntad de participar en el debate -agrega-, de proveer nuestros argumentos a todos los que trabajaban en la aprobación de esta ley. Fuimos invitadas a varios de los foros que organizó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que compartiéramos nuestros puntos de vista católicos progresistas".
Sin embargo, admite que igualmente fueron momentos "de mucho conflicto", puesto que "las reacciones de parte de la jerarquía de la iglesia, no sólo hacia nosotras sino hacia los legisladores y legisladoras que estaban apoyando la ley, nos presentaron nuevamente que al interior de nuestra iglesia vivimos una situación de intolerancia e intentos de imponer una postura que es cada vez más minoritaria".
Entrevista
Terra Magazine: El año pasado los medios mostraron que había mucha polarización en la sociedad con respecto al aborto. ¿Es esta división entre quienes están a favor y quienes están en contra algo real o una proyección mediática?
María Consuelo Mejía: Creo que hay un debate vigente. Hay quienes dicen que estamos divididos a la mitad, pero es difícil asegurarlo. Nosotras hemos visto que entre 18% a 20% de la población encuestada manifiesta extrema oposición a cualquier ejercicio de derechos. Nosotras formamos parte de un sector que defiende una ley moderada, con límites; hablamos de afirmar la autoridad moral de las mujeres para tomar decisiones y de que no quisiéramos que hubiera embarazos no deseados ni abortos, sino que las mujeres tuvieran acceso a la información, a los métodos, a poder detener una violación o una relación sexual forzada. No decimos "queremos el paraíso de los abortos", sino que las mujeres en las sociedades latinoamericanas actuales no tienen la posibilidad de ejercer ese derecho. Y no se pueden impedir los embarazos no deseados. Ojalá se pudiera. Necesitaríamos campañas de educación sexual masivas y que las relaciones entre hombres y mujeres fueran más respetuosas y equitativas. Falta mucho para eso. Además es una tendencia mundial. Debe haber condiciones para que las mujeres podamos decidir sobre nuestra maternidad. Traer hijos al mundo es una gran responsabilidad, y obligar a una mujer a tener un hijo que no desea me parece cruel e inhumano.
Terra Magazine: Recién se publicó la noticia de una niña de 15 años que murió en el Hospital Balbuena a raíz de un aborto legal. Después nos enteramos de que su embarazo rebasaba el límite de 12 semanas permitido por la ley para la práctica de un aborto; tenía 16 semanas y aparentemente no se efectuaron los exámenes requeridos. ¿Existe el riesgo de que se use el caso como arma política?
María Consuelo Mejía: Antes que todo, lamentamos profundamente que muriera esta joven. Ninguna mujer debe morir por esta causa y nos hemos sumado a las condolencias a los familiares. Hemos escuchado de parte de la Secretaría de Salud (del DF) que se están tomando las medidas para vigilar que esto no se repita. Supimos que el médico que la atendió se guió por dos factores para determinar la edad gestacional pero no lo corroboró con ultrasonido. Esto no debió suceder y, según la secretaría, se está tomando en cuenta para fortalecer vigilancia, seguimiento y lineamientos. Obviamente está siendo usado, y es lamentable utilizar la muerte de una joven para argumentar que no es un procedimiento seguro. Una vida basta para demandar las medidas necesarias para que esto no pase, pero hay que considerar a las casi 6.500 mujeres que han tenido acceso a este servicio sin poner en riesgo su salud. Además, han bajado los índices de mortalidad materna: se sabe que no ha habido más de dos muertes reportadas en un año, mientras que el año anterior hubo 15 decesos producidos por abortos practicados en condiciones de inseguridad.
Terra Magazine: Autoridades, sociedad, medios, ¿qué lecciones podemos aprender de este hecho?
María Consuelo Mejía: Primero, que no se justifica la muerte de una sola mujer. Desafortunadamente sucedió, en un contexto en el cual un sector de la sociedad busca echar atrás esta ley. Hay que mirar el hecho en el contexto de que 6.500 mujeres sí han podido acceder a estos servicios sin arriesgar su salud ni su vida, y que eso tiene incidencias claras en la mortalidad materna. Nos gustaría que así como ha habido una reacción en este caso, estos grupos que se oponen al aborto se organizaran para atender las muertes maternas que hay en este país por pobreza, falta de acceso a servicios, información, atención prenatal, que se dan con más frecuencia en zonas de alta marginación, como las de población indígena.
Terra Magazine: La Procuraduría General de la República, dependiente del Ejecutivo, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, autónoma, interpusieron acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para echar atrás la despenalización del aborto. El jurista Miguel Carbonell decía que éste podía ser "el año de la Corte" dentro de otras razones porque la sentencia que dé en este asunto podría marcar un precedente para las legislaciones en la materia de todos los estados del país. ¿Cuál es su expectativa ante la respuesta que pudiera dar la Corte?
María Consuelo Mejía: Nosotras respetamos ese proceso, nos parece que es muy serio. Esperamos que la resolución de la Corte sea positiva, que la ley siga vigente, y estamos convencidas de que los ministros van a actuar con apego a derecho.
Terra Magazine