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EFE
La presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner cambió el tono y convocó a una mesa de diálogo con las entidades del sector agropecuario.
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Oscar Raúl Cardoso
Buenos Aires, Argentina
En la mañana siguiente aún no había surtido el efecto deseado por su Gobierno, pero la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner realizó el jueves por la noche un dificultoso intento doble: liderar una concentración popular que la mostrara en una posición de fuerza de cara a la sociedad y pronunciar un discurso convocando a la "mesa de diálogo" a las proncipales entidades del sector economico agropecuario que realizan un paro empresario desde hace 16 días.
La situación es particularmente compleja porque al "lock out" se han sumado cortes de piquetes en las principales rutas que conectan los centros de producción alimentaria con Buenos Aires y otras grandes ciudades. Al cabo de este tiempo de rebelión las góndolas de supermercados, mostradores de carnicerías y de otros comercios minoristas están ya poco menos que vacíos de productos, una paradoja en un país que, dicen los expertos, podría producir alimentos para más del 5% de la población mundial.
"Levanten el paro y vayamos al diálogo", dejó como mensaje básico la presidenta empleanodo un tono menos crispado que el que había usado apenas 48 horas antes, cuando censuró duramente a las cuatro organizaciones que lideran la medida de fuerza, aseguró que no respndería a los "chantajes" y se declaró contraria a revisar las más recientes medidas impositivas implementadas por el Gobierno que es lo que está en el corazón de la protesta.
Aquel mensaje indignó al sector agropecuario y también a otros grupos sociales que se lanzaron a las calles en ciudades y pueblos a protagonizar "cacerolazos" de protesta. La tensión creció así a su punto más alto y por un momento se temió que el próximo paso fuese un intento de desalojo de los cortes de ruta por parte de las fuerzas federales de seguridad (Gendarmería Nacional y Prefectura Naval), un amago que los rurtalistas prometieron resistir por la violencia.
La chispa orginal que causó el incendio fue el más reciente aumento de las llamadas "retenciones" aplicadas a la soja -la producción más rentable de granos en la Argentina-, que desde el primer día de marzo se ha fijado, a menos que ahora haya una marcha atrás tras una eventual negociación, en el 40% de lo producido. El Gobierno sostiene que estas retenciones -definidas como móviles porque evolucionan con el precio internacional de la soja- son necesarias para realizar obras de infraestructura y para evitar que los altos valores internacionales de los "commodities" afecten los precios del mercado interno.
La soja es además una de las producciones más destructivas del suelo fértil y el miércoles a la noche la presidenta defendió la idea de tener "menos sembradíos de soja" para volver al maíz y al trigo que han decrecido en extensión. También aludió a la necesidad de lograr que el precio de la soja no sea como hoy la medida por el cual se cobra el arriendo de los campos cultivables. Aproximadamente el 60% de las extensiones cultivadas está bajo el sistema de alquiler cuyo valor se fija según el valor del quintal de soja.
A la protesta original otros productores -de ganado, de maíz, de trigo, de leche, etcétera- sumaron sus propios agravios porque sienten que, desde el año 2000, han sido los principales contribuyentes a la recuperación económica del país (que hoy está en uno de sus ciclos productivos más auspiciosos y prolongados de su historia) mientras que padecen una política impositiva que llaman "confiscatoria".
Tanto Cristina como su antecesor y esposo, Néstor Kirchner, han tenido una relación conflictiva con el agro, enfrentándose sobre todo con los ganaderos por la presión del precio doméstico y el abastecimiento de la carne durante los últimos catro años.
Por primera vez desde que se desató la crisis la presidenta hizo un claro intento por deslindar la identidad de las fuerzas que se le oponen. Sugirió, aunque no es la primera vez, que detrás del descontento activo de los pequeños productores (aquellos que trabajan entre 50 y 100 hectáreas) están los latifundistas. Las estadísticas le dan cierta razón: de acuerdo con el último censo agropecuario el 75% de la tierra está en manos del 9% de los propietarios.
El campo tiene también un serio problema de imagen pública. En los últimos años el sector agrpecuario ha sido bendecido por el éxito exportador que lo ha puesto en lo alto de la renta nacional a pesar de la presión impositiva y, ademas, algunas de las entidades -como la Sociedad Rural Argentina- tienen una historia oscura de promover y hsta reclamar golpes de estado desde los años 30, y hasta el más reciente de 1976. Por lo demás, si el actual desabastecimiento se prolonga es posible que el humor público cambie y los ruralistas encuentren que pierden el apoyo que habían obtenido en otros sectores. Cristina cultivó este argumento diciendo que "el paro no es contra el Gobierno, es contra la sociedad".
La presidenta insistió en que el Gobierno está a favor del "pequeño productor" y también sugirió que podría implementar medidas que lo compensen por las retenciones, del mismo modo en que aseguró que estaba en condiciones de disponer alguna solución para los productores lecheros. Después de colocar a todos los que protestan en una misma bolsa -uno de los mayores errores tácticos del Gobierno- la separación de aguas era imprescindible.
El otro tema que parece obsesionar a Cristina es el de la posible lesión a su autoridad y quizá por eso el mensaje no tuvo un tono aun más conciliador. En las horas posteriores al último discurso, un grupo de gobernadores -Daniel Scioli de Buenos Aires, Juan Schiaretti de Córdoba, entre ellos- están manteniendo reuniones con los dirigentes ruralistas intentado una tregua negociadora a la protesta. Sin embargo, en el terreno, las bases están tan jugadas a la protesta que es difícil saber si todas están dispuestas a esa tregua sin recibir promesas explícitas de la presidenta.
» Hable con Oscar Raúl Cardoso
Terra Magazine