MONTEVIDEO (AFP)
Los uruguayos decidirán junto con las elecciones nacionales del 25 de octubre si anulan la ley que obstaculiza el enjuiciamiento de los casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar (1973-1985).
La Corte Electoral dispuso este lunes que la Ley de Caducidad, aprobada por el Parlamento en 1986 y ratificada por la ciudadanía en 1989, sea sometida a plebiscito tras alcanzarse las firmas necesarias para realizar la convocatoria, dijo a la AFP el ministro de esa corte, Wilfredo Penco.
La Oficina Nacional Electoral, que realizó el conteo y la verificación de las rúbricas, "elevó hoy el informe y la Corte lo aprobó y ya se dispuso la realización del plebiscito", así como la notificación a la Asamblea General, dijo Penco.
El pasado 24 de abril, la Cordinadora por la Anulación de la Ley de Caducidad -integrada por sindicatos y organizaciones sociales- presentó a la Asamblea General (la reunión conjunta de ambas cámaras del Congreso) 341.043 firmas para impulsar un plebiscito para anular esa norma, tras una campaña de recolección iniciada en setiembre de 2007.
La Corte Electoral verificó 258.711 rúbricas. Una iniciativa popular de reforma constitucional requiere del 10% de las firmas del padrón electoral. El padrón electoral incluye a 2.584.219 habilitados en todo el país.
La Ley de Caducidad, que obliga a los jueces a consultar al Poder Ejecutivo qué casos de violaciones de los derechos humanos pueden ser juzgados y cuáles no, fue votada por el Parlamento en diciembre de 1986, y ratificada en plebiscito el 16 de abril de 1989 por un margen de 57% contra 43%.
La norma se votó tras la llegada a la Presidencia de Julio Sanguinetti en marzo de 1985, tras los comicios de 1984, realizados luego del denominado "Acuerdo del Club Naval", en el que el Partido Colorado y la ahora gobernante coalición de izquierda Frente Amplio negociaron con los militares la salida democrática.
La Ley de Caducidad se votó en el marco de una inestabilidad institucional provocada por la actitud del entonces comandante en jefe del Ejército, general Hugo Medina, que en un claro desacato a la Justicia dijo que las citaciones judiciales a militares por violaciones de los derechos humanos estaban en un cajón de su despacho y allí se quedarían.
La dictadura dejó 38 desaparecidos en el país, 182 en Argentina, ocho en Chile, dos en Paraguay y uno en Brasil, según la información recopilada por la Comisión para la Paz, creada en 2000 por la Presidencia.
El presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, había dicho en Costa Rica en abril pasado, cuando se presentaron las firmas, que "el pueblo uruguayo no se merece tener una ley de impunidad como la que tenemos" y dijo esperar "fervientemente como ciudadano uruguayo que el pueblo anule esta ley".
Vázquez se había mostrado contrario a la campaña de recolección de firmas. Al asumir el primer gobierno de izquierda de Uruguay en marzo de 2005 prometió cerrar las heridas abiertas por las violaciones de los derechos humanos en el marco de la Ley de Caducidad.
En San José dijo que no había firmado la iniciativa por su condición de presidente, y destacó que hizo cumplir la norma, aplicando el artículo que habilita al Poder Ejecutivo a decidir qué casos quedan excluidos de la amnistía.
Durante su mandato, fueron condenados ocho ex militares y policías a penas de 20 a 25 años de prisión por violaciones de los derechos humanos, en tanto se procesó a los ex dictadores Gregorio Alvarez (1981-1985) y Juan Bordaberry (1973-1976).
Terra Magazine