Bolivia, una ley para el referéndum ya es insuficiente

AFP La posibilidad de que se lleven adelante los comicios movilizó a la dirigencia y organizaciones cívicas de los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando y Chuquisaca.

La promulgación de una ley del Congreso para llamar a un referéndum que apruebe o rechace el nuevo texto constitucional, no se vislumbra como la solución a la ola de violencia que se desató en el país tras esa medida, debido a la negativa de la Corte Nacional Electoral (CNE) de administrar el proceso convocado por decreto presidencial para el 7 de diciembre.

La posibilidad de que se lleven adelante los comicios y se ponga a consideración de la gente el proyecto de la nueva Constitución Política del Estado (CPE) entregado por la Asamblea Constituyente, el 15 de diciembre de 2007, movilizó a la dirigencia y organizaciones cívicas de los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando y Chuquisaca pues consideran que el texto recoge únicamente la posición del partido en función de gobierno, el Movimiento Al Socialismo (MAS).

A los disturbios del mes pasado, protagonizados por organizaciones de personas discapacitadas en demanda de un bono anual vitalicio y la Central Obrera Boliviana por la aprobación de una nueva Ley de Pensiones, se sumaron, en la última semana, enfrentamientos entre oficialistas y opositores, cierre de carreteras en tres poblaciones del Chaco boliviano y la amenaza de extender el bloqueo a cinco departamentos; el intento de toma y ataque a instituciones estatales por parte de grupos cívicos de oposición y una exacerbación del racismo.

La CNE bajo fuego cruzado

Tras la promulgación del decreto supremo Nº 29691 del 28 de agosto, el organismo electoral emitió tres resoluciones en las cuales suspendió, por falta de sustento legal, la realización de los referéndums dirimidor y constituyente, y la elección de los prefectos de La Paz y Cochabamba, de consejeros departamentales y de subprefectos para las 112 provincias del país, convocados con esa disposición.

La decisión de la CNE, comunicada al presidente en ejercicio Álvaro García Linera puso a la entidad en medio de la polémica, las amenazas y las dudas, pero también "según analistas" le permitió recuperar algo de su maltrecha institucionalidad.

Jorge Lazarte, analista político, ex vocal de la Corte Nacional Electoral y constituyente por Unidad Nacional, partido opositor a la gestión de Evo Morales, no se explica cuáles fueron las razones que tuvo la CNE para asumir ese criterio, aunque tiene varias hipótesis. Sin embargo, considera que la decisión, "inesperada para propios y extraños", fue la correcta en el marco institucional.

Similar es el criterio de la politóloga Susana Seleme que se declara sorprendida por la decisión de la CNE, ya que, en su criterio, el presidente de la institución, José Luis Exeni, y los vocales 2hasta ahora se comportaron de forma poco proba".

El 29 de febrero de este año, el Congreso sancionó la Ley Nº 3836 con la cual convocó al referéndum constitucional para el 4 de mayo, día en que también se realizaría un sufragio en Santa Cruz para que la población opine sobre los estatutos autonómicos propuestos por la dirigencia del departamento, al margen de la normativa vigente. Entonces la Corte también detuvo el proceso.

La CNE, por otro lado, está bajo el asedio del gobierno y de las organizaciones sociales afines al MAS. La reacción gubernamental fue calificar la decisión como un giro hacia los sectores de "derecha", que se oponen al cambio que plantea la administración de Morales.

Para organizaciones sociales "oficialistas", como la Confederación de Colonizadores de Bolivia, la CNE "traicionó" al 67,4 por ciento de la población que ratificó al Presidente en su cargo en el referéndum revocatorio de mandato del 10 de agosto.

El Presidente de la CNE ha optado por callar y no echar más fuego a una polémica que fue mediatizada desde el primer momento por el mismo gobierno, que minimizó la resolución del organismo electoral al definirla de "simple carta".

El padrón de la discordia

Para Lazarte, lo que más pudo haber pesado en la decisión de la Corte es el rechazo de las cortes departamentales de cinco departamentos de llevar adelante el referéndum, que de esa forma dejaría de ser nacional y, por tanto, no tendría legalidad ni legitimidad.

La CNE también suspendió los referéndums en marzo y en esa oportunidad el fallo fue aceptado por el gobierno, "porque le sirvió en ese momento", sostiene Lazarte. "El gobierno no actúa con apego a ciertos principios, lo hace por cálculo y la Corte puede estar calculando también".

Otro problema que enfrenta la Corte, y para el que pudo ganar tiempo, son las denuncias contra el Padrón Electoral. El informe del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA), del 3 de agosto de 2008, asegura que el registro de votantes en Bolivia es el más confiable de América Latina; no obstante, durante el referéndum revocatorio de mandato hubo irregularidades. "Sólo en Santa Cruz hay 160 mil votantes que no están inscritos en el registro civil", reclama Seleme.

Las dudas sobre la confiabilidad del registro comenzaron con la ejecución de un plan de carnetización, con apoyo de Venezuela. La oposición sostuvo su denuncia en los últimos meses y ahora, "aunque haya ley, ese va a ser un poderoso argumento de las cortes departamentales. No es admisible ir a ningún proceso electoral con un Padrón Electoral tan cuestionado", indica Lazarte. "Sin resolver el padrón, el gobierno no podrá hacer nada. Las cortes departamentales están en condiciones de bloquear un referéndum".

Aunque un día antes del revocatorio el Presidente de la CNE puso las manos al fuego por el Padrón, el organismo electoral decidió realizar una auditoría independiente entre septiembre y diciembre en la que participarán la Organización de los Estados Americanos (OEA), Organización de las Naciones Unidas (ONU), Unión Europea (UE) y otros. La Corte resolvió también modificar la normativa electoral, en distintos aspectos relativos al marco institucional y a los procesos electorales y referendarios; y pedir al Congreso Nacional la urgente designación de los dos vocales que le faltan.

Tras una ley

Si bien el gobierno y el MAS cuestionan las resoluciones de la Corte con el argumento de que ya existe la ley exigida "la 3836", tampoco han dejado de considerar que el Congreso sancione una nueva norma, aunque para ello necesita dos tercios de los votos. Las organizaciones sociales agrupadas en la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam) plantearon reeditar el cerco al Poder Legislativo del "9 de febrero, cuando impidieron el ingreso de los parlamentarios opositores, mientras que el Poder Ejecutivo sedujo a otros para que apoyen la primera convocatoria al referéndum constitucional. Por lo pronto, están organizando una marcha para el 16 de septiembre y la amenaza de más violencia es latente.

Seleme, quien fuera secretaria privada del ex presidente Jaime Paz Zamora (1993-1997), líder el extinto Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), uno de los partidos denominados neoliberales, le atribuye al Presidente la responsabilidad de lo que está ocurriendo en el país, incluso de la radicalidad de los prefectos, máximas autoridades departamentales, que se oponen al proyecto masista y que están promoviendo acciones violentas. Por ello, la solución también está en sus manos.

En el lado opuesto a las prefecturas y a grupos de cívicos, y también con actitudes de enfrentamiento, están los militantes y simpatizantes del MAS que consideran que el freno para el cambio social son los sectores privilegiados que están preservando sus intereses. El subjefe de la bancada del MAS, Jorge Silva, indicó que agotarán todos los instrumentos en democracia para lograr que se apruebe una nueva Constitución, pero también se apoyarán en la fuerza de los movimientos sociales.