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EFE
El sector agropecuario argentino fue el gran vencedor, cuando el Senado no aprobó las retenciones móviles.
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El diferendo comenzó con el dictado de la norma número 125, el último 11 de marzo, gracias al auspicio del entonces titular de la cartera de Economía, Martín Lousteau, quien encontró en esa palanca económica la manera más rápida y eficaz para aumentar las recaudaciones impositivas, sin atender al costo político que podría desatar (y desató), según contaron a Terra Magazine algunas fuentes que prefirieron el anonimato. La palanca era ideal, por sobre todas las cosas, para "engordar" la caja chica del poder central que con esa medida, de carácter no coparticipable, podía comprar y retener voluntades a gusto.
El nuevo esquema - cuestionado en una reunión de gabinete por el jefe de los ministros, Alberto Fernández, pero alentada por el ex presidente Néstor Kirchner-, incluía un aumento de las retenciones para las exportaciones agropecuarias, a partir de entonces "móviles", sin discriminar entre pequeños y medianos productores y los productores de alto calado, y centrándose en las exportaciones de soja (el 95 por cuento del 'yuyo' tiene destino externo) y el girasol, subiendo la alícuota de 37 puntos a 44, susceptibles de subir o bajar de acuerdo a la cotización internacional de la oleaginosa según el índice y las variaciones diarias en Chicago, Estados Unidos.
La respuesta no se hizo esperar: Las cuatro principales cámaras comerciales del agro criollo lanzaron un primer paro de 48 horas, en el cual suspendieron la venta de carnes y granos en todo el país, como rechazo a la medida.
Lousteau, un joven economista de 37 años, no esperaba la reacción: enfrente estaban la Sociedad Rural, Coninagro, Carbap y la Federación Agraria Argentina (las tres primeras instituciones, históricos apoyos a los golpes militares que arrasaron la Argentina del siglo XX), que conformaron de inmediato una 'mesa de enlace', que más bien parecía un comité de crisis.
El 17, Lousteau, que no da el brazo a torcer, insiste y desconoce que el supuesto apoyo del ex presidente Kirchner suena a la oportunidad esperada: transformarlo en un fusible y que su lugar fuera ocupado por el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, un personaje oscuro y brutal del que trascienden anécdotas de matonerismo y flexibilidad cero a la hora de la negociación.
Kirchner, armado de una sociología y una teoría de la historia anticuada, sigue refiriéndose al "campo" como una entidad metafísica, como un bloque, y a "la oligarquía ganadera" como su agente efector: ni tanto ni tan poco. El campo argentino ya no es el país del "ganado y de las mieses" al que cantaba Leopoldo Lugones sino una cuadrícula donde se dan cita desde pools de siembra (como Monsanto), productores históricos de apellido 'tradicional' y productores medianos y pequeños que conservan un amor atávico al trabajo manual, pero que sobreviven arrendando sus hectáreas, sembradas y vueltas a sembrar por el nuevo sistema industrial agropecuario y sus aplicaciones biotecnológicas que desde la década del noventa reproduce más rápido y mejor las cosechas (si se exceptúan las consecuencias desastrosas que para esas tierras tendrá el uso intensivo del glifosato, un veneno para el que no hay antídoto).
El 25 de abril, finalmente renuncia el ministro Lousteau. Es reemplazado por Carlos Fernández, un funcionario oscuro que sólo dio una conferencia de prensa (después de un intento de asalto a su casa), reforzando la teoría de que el ministro de Economía real era el propio Kirchner, a esta altura oscureciendo el papel de su esposa y preso de una obstinación que lo endureció cada vez más, sin más consecuencia que una serie de plazas llamadas en defensa de la patria y del gobierno y sosteniendo peleas en todos los frentes. Justamente, el más notorio de los enfrentamiento resultó contra el grupo Clarín, uno de los diarios de mayor tirada del planeta, con enorme poder de lobby, favorecido en tiempos mejores por las políticas displicentes del propio Kirchner, que nunca desconoció que la empresa maneja otros diarios, revistas, canales de cable, de aire, radios y frecuencias de Internet. Es más: en este país suele decirse que ningún gobierno soporta cinco portadas en contra seguidas de Clarín. Fueron más de cinco, pero es necesario tener en cuenta que a los directivos del conglomerado no les interesó jamás que el gobierno se hundiera, que el superávit fiscal argentino existe y también algo que es un lugar común: las instituciones pasan, Clarín queda.
Pero si las consecuencias son las causas, entonces en un final anunciado y materializado la madrugada del jueves, habrá que interrogar cómo Cristina Fernández, que subió a la presidencia con el 46 por ciento de los votos, dilapidó buena parte de su capital político en menos de cuatro meses (las encuestas de imagen positiva alcanzan hoy sólo el 20 por ciento). El 25 de marzo, la presidente soportó un 'cacerolazo' con origen en los barrios más acomodados de la ciudad. CFK dijo que se trataba de "los piquetes de la abundancia" y que no se dejaría "extorsionar". Las escaramuzas empiezan a sucederse mientras las negociaciones se estancan. Se habla de un lockout patronal similar al que empedró el derrumbe del gobierno del socialista chileno Salvador Allende, en septiembre de 1973.
El paro es imparable como lo son los cortes de rutas, los incendios de campos y el desabastecimiento. Y lo más importante: las realineaciones políticas: Por primera vez en su historia, el sector agropecuario local convoca el apoyo de la oposición política, incluso la oposición dentro del propio partido de gobierno, que empieza a crujir. Ese costado, desde hacía más de setenta años, era cubierto por el extinto partido militar. Son primero los cordobeses y su gobernador, Juan Schiaretti, quien recibe a la 'mesa de enlace' y corta todo lazo con el gobierno central. De inmediato es Jorge Busti, ex gobernador de la provincia de Entre Ríos, quien aprovecha para reverdecer a las huestes del ex presidente interino Eduardo Duhalde, que sueña con un retorno al poder, esta vez por la voluntad de poder pero que ha declarado no tener otra intención que reunir a la disidencia kirchnerista, sin pretensión de golpear sobre la debilidad institucional del actual gobierno.
La excepción y la voz de diálogo siempre abierta fue la de Hermes Binner, el gobernador de Santa Fe, que siempre privilegió la coparticipación de las retenciones, el diálogo con Buenos Aires y la defensa de los productores de su provincia. Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe componen el corazón de la patria sojera y son las provincias argentinas más ricas.
El gobierno de Cristina Fernández estaba en peligro, hasta que alguien le sugirió la idea, después de cien días de conflicto: mandar el proyecto de retenciones móviles al Congreso. Así lo hizo, por cadena nacional, el 17 de junio. Se esperó que la jugada neutralizara a toda la oposición, incluido al agro. El 5 de julio pareció que la burbuja explotaba: el oficialismo, por 129 a 122 votos lograba aprobar la Ley de Retenciones Móviles, cediendo a cambio una serie de beneficios (sobre arrendamiento y combustibles) aplicable sólo a productores de menos de 750 toneladas de soja anual. El 85 por ciento queda exceptuado.
Sin embargo, no hay manera de despejar las sospechas de cohecho que caen sobre diversos diputados que anunciado su voto, lo cambian sobre la marcha. Las organizaciones rurales descubren trampas por todos lados y llaman a una movilización contra lo que suponen una medida confiscatoria, a la ciudadanía de todo el país. En el Monumento a los Españoles, un día antes del tratamiento de la ley en la Cámara de Senadores, se dan cita unas 250.000 almas, el doble o más de lo que junta Kirchner frente al Congreso de la Nación, donde repite todo el repertorio contra oligarcas, golpistas, asesinos, grupos de tareas, comandos civiles, etcétera (es decir, quienes no piensan como él) que disfrazados, se agazapan como opositores a una ley que deberá ser tratada horas después, y moderada por el presidente del Senado, Julio César Cleto Cobos, un radical, compañero de fórmula de Cristina Fernández, que ya había formulado críticas a la metodología usada e invitado a parlamentar a todos los sectores, a la busca de un consenso que se perdía para siempre.
Y así fue. Después de dieciocho horas de debate, los setenta y dos senadores emitieron su voto y el empate en treinta y seis se repitió en tres oportunidades, A las 4:30 de la mañana, Cobos debió desempatar, en la que dijo, resultó la decisión más complicada de su vida. Acaso parafraseando a Fidel Castro, balbuceó: "La historia me juzgará. No se cómo: Y me perdone si me equivoco. Mi voto no es positivo".
Se fue bajo los insultos de los senadores oficialistas, seguro de haber revitalizado la savia de la institución republicana y crédulo, si se quiere, ya que había sido convocado no para acatar todas y cada una de las decisiones del Ejecutivo o del Legislativo sino también, si cabía y era razonable, para oponerse. Eso hizo: las retenciones vuelven ahora a Diputados donde no serán aprobadas sin más modificaciones. Pero con más o con menos modificaciones, un ciclo acaba de ser clausurado en la Argentina: el del estado de excepción permanente, que permitió desde subsidios, corruptelas y puestos sin contraprestaciones hasta medidas excelentes como la derogación de las leyes del perdón firmadas por Raúl Alfonsín o el descabezamiento de la Corte Suprema de Justicia impuesta a imagen y semejanza de Carlos Saúl Menem.
El otro ciclo clausurado es el de la inmovilidad parlamentaria. Aprender a convivir con la diferencia no es obvio, no es fácil, no es creer en una conversión inmediata. Eso no pasará, pero acaso dejará de pasar que por no pensar como uno, acusar al otro de sedicioso y golpista sea el chantaje ideal que abra puertas y prebendas, Aunque más no sea para diferenciarse de la práctica histórica de las organizaciones agrícolas que ahora festejan.
Terra Magazine
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