El agro: centro de la campaña electoral argentina

EFE El gobierno de Cristina Fernández y las patronales agropecuarias de Argentina firmaron, este martes, un acta de acuerdo en la que se establecen algunas medidas de fomento para el sector rural, que desde hace casi un año mantiene un conflicto con el Ejecutivo.

Hugo Muleiro
Buenos Aires, Argentina

El conflicto entre el gobierno de la presidenta Cristina Fernández y los productores agrarios, que siguen enfrascados en la disputa por la renta del sector como si fuera una continuidad del conflicto de 2008, aunque ahora en condiciones totalmente diferentes, ocupa el centro de la campaña para las elecciones legislativas de octubre, y todo parece indicar que allí se quedará porque, en verdad, plantea uno de los temas estructurales de la economía del país, con tantos avatares e idas y vueltas como los que se pueden contar en el andar político e institucional del país.

Los trascendidos oficiales sobre la conformación de un organismo estatal que intervenga en la comercialización de los productos agrarios y sus derivados, al menos como un actor más si bien no con las características de regulación total que tuvo en otras épocas, a partir de su institución durante la crisis de la década del 30 del siglo XX, encolumna visiblemente a un sector vasto de la oposición.

Partidos y corrientes que luchan descarnadamente entre sí con vistas a la votación, y algunos de cuyos dirigentes se lanzan críticas y definiciones hirientes día a día, se amalgamaron a fines de febrero en una "audiencia pública" en el Congreso de la Nación para recibir a los dirigentes del agro. Fue en la práctica un acto político, y no legislativo, en el que el único eje común fue enfrentar al gobierno de la presidenta Fernández, que tiene mayoría en ambas cámaras si bien viene sufriendo un proceso de drenaje de quienes creen que su suerte electoral crecerá según cuánto se alejen del oficialismo.

Los productores siguen reclamando una baja de impuestos a las exportaciones, llamadas localmente retenciones, como motivación central, y luego una serie de beneficios según sean sus productos, sus regiones, las necesidades de transporte y otros factores, a lo que se agregó últimamente la sequía que asoló al país y causó una merma a su inmensa producción cerealera, que con sus derivados produce casi la mitad de las ventas del país al exterior. Esas ventas totalizaron, en 2008, 21.920 millones de dólares.

En una reunión entre ministros del gobierno y los dirigentes del agro el martes 3, intervino personalmente la presidenta Fernández y de allí surgieron una serie de acuerdos que llevaron a las autoridades a proclamar optimismo sobre el fin del conflicto, pero una hora después de ello las cámaras del sector dijeron que se trata apenas de un comienzo positivo, que hay que verificar el cumplimiento de lo prometido y que el diálogo debe seguir, puesto que varias de las medidas discutidas deben estar contenidas en leyes que discutirá el Congreso.

Los acuerdos se refieren a algunos productos específicos, en carnes, maíz y trigo, con bajas impositivas o eliminación de trabas para exportar, pero nada de ello significa, dijo el presidente de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi, que "el conflicto haya terminado". Para más, reiteró que las retenciones a las exportaciones -el tema central en discusión- siguen en un nivel "intolerable" y que poco después de los anuncios recibió expresiones de disconformidad de productores adheridos a esa entidad.

En este marco, los partidos y corrientes que se agrupan detrás de las cámaras agrarias buscan reeditar un clima político y social que en los primeros meses de 2008 hizo que una porción notable de la población resistiera activamente el sistema de impuestos a las exportaciones propuesto por el gobierno, acompañando movilizaciones y cortes de ruta impulsadas por las cámaras o gremios agrarios.

Fueron los días del apoyo al "campo", un "objeto social inexistente", según la interpretación que expresó a Terra el diputado nacional Claudio Lozano, economista y allegado a la Central de Trabajadores Argentinos, una confederación bien diferenciada del andamiaje tradicional del sindicalismo argentino, proclive al peronismo de la presidenta.

Según Lozano, el conflicto está planteado en términos totalmente inconducentes para el país, porque los dirigentes agrarios que funcionan como un solo grupo, a través de una llamada comisión o mesa de enlace, representan en realidad intereses diferentes, "grupos y sectores confrontados, una entelequia en la que funcionan juntos, por ejemplo, sectores concentradores y otros que son víctimas de esa concentración".

Frente a ello, según el economista, el gobierno generaliza también su discurso, plantándose "en nombre del pueblo" y para que "no falte el pan en la mesa de ningún argentino" frente a un adversario que identifica como la "oligarquía" y al que acusa de ir en contra del modelo de distribución de la riqueza que el peronismo proclama históricamente.

"No es lo mismo una gran estructura de producción, con grandes extensiones, capacidad de transporte y almacenamiento, con acceso al crédito y recursos para la comercialización, que un simple productor pequeño, porque el primero puede pagar muchos más impuestos y el segundo no puede pagar nada", abundó Lozano.

Puso como ejemplo el impedimento para exportar trigo, adoptado por el gobierno en aras de la defensa del mercado interno y el acceso a los productos de los sectores más pobres. Esa prohibición, dijo el economista, "obliga a los productores más chicos, que no pueden almacenar, a venderle a los grandes acopiadores, los que además tienen capacidad en los puertos. Así, las grandes cerealeras se quedaron con el trigo a precio bajo y luego lo pueden negociar a su conveniencia".

El diputado nacional dijo que el gobierno se equivoca gravemente al generalizar, e insistió en que debe discutir e instituir medidas por región y por producto, desarrollar políticas segmentadas y diferenciadas como, explicó, es la estrategia de Brasil. Países como Canadá, Australia y Nueva Zelanda cuentan con organismos con altas dosis de intervención en el mercado, pero "no sólo con la intención de recaudar" impuestos como, dijo Lozano, es el caso de Argentina.

Frente a ello, prosiguió, buena parte de los partidos y corrientes políticas que en el pasado no resolvieron este problema estructural se anotan ahora en esta lógica, por necesidades electorales.

La presidenta Fernández enfrenta la mayoría de los desafíos políticos apegándose a los preceptos doctrinarios más caros a la historia del peronismo, el movimiento fundado a mitad del siglo XX por Juan Domingo Perón: un modelo de desarrollo industrial con participación extendida de la clase trabajadora, "articulación entre capital y trabajo" y redistribución de la riqueza, bajo el paraguas de una conciliación de clases sociales, un modelo que los sectores agroexportadores más poderosos jamás vieron con agrado. Ellos adhieren a un sistema con poca o nula presencia estatal, que deje el poder de decisión y acción a los "mercados" y a la "iniciativa privada".

Que junto a ellos estén oscilando sectores productivos del agro que nunca se vieron beneficiados por este modelo es una de las derivaciones más singulares del conflicto en curso, en el que además interviene la siempre poderosa clase media argentina, cuyos humores y opciones son siempre un marco de referencia para la dirigencia del partido centenario Unión Cívica Radical, ahora con sus derivaciones múltiples. Entre ellas figuran la Coalición Cívica de la ex candidata presidencial Elisa Carrió y la fuerza que viene conformando el también radical Julio Cobos, vicepresidente de la nación, quien con su voto de desempate en el Senado, en 2008, contra el sistema de impuestos a las exportaciones impulsado por el gobierno, le propinó a la presidenta Fernández una gran derrota política.

La periodista y ensayista María Seoane, autora de investigaciones premiadas internacionalmente, dijo a Terra que el conflicto con el agro y todos sus participantes reedita una discusión antigua. "Se discute la tasa de ganancia del agro y que los alimentos para el mercado interno no queden sometidos a los vaivenes de esa tasa. Es un debate que se ideologiza por razones electorales".

Sin embargo, hizo notar que el sector que más resiste la intervención gubernamental es el de la Pampa húmeda, en el centro del país, la región que por ubicación geográfica, riqueza de suelos y beneficios climáticos tiene la mayor capacidad productiva, la mejor ganancia y, por lo tanto, el poder mayor.

La discusión se da curiosamente en un momento en que, dijo Seoane, el mundo va hacia el protagonismo del estado para proteger a las poblaciones de las acciones arbitrarias de los grandes actores económicos, en lo cual -explicó- la evidencia mayor la expresan las políticas que impulsa el nuevo presidente estadounidense, Barack Obama. "El mundo va hacia la intervención del estado para no volver a un estado de barbarie, lo que se discute es la tasa de ganancia de un sector confrontada con el acceso de la población a los alimentos", insistió.

Así, Argentina, dijo la ensayista, vuelve sobre una ecuación no resuelta: la preeminencia de un modelo agroexportador sobre uno de desarrollo industrial, con un estado activo, que controle las tasas de ganancia y ponga en vigencia instrumentos para su distribución.

En ese contexto, intervienen "denominaciones políticas variadas para la misma raíz del conflicto".

Pero, como dijo Lozano, la "entelequia" también está dada en que hace un año se discutía sobre los mismos impuestos a las exportaciones en medio de un contexto de precios internacionales elevadísimos. Ahora el debate parece el mismo, pero los precios se derrumbaron ostensiblemente y además el país acaba de pasar, recordó, por su peor sequía en 70 años.

Lo que hay en juego complica y tensa el conflicto, que además se potencia por la votación legislativa de noviembre. La discusión se empantana así en consignas, como la expresada por el conjunto de las cámaras agropecuarias, que "rechazan enfáticamente la posibilidad de que se establezca un sistema estatizado y monopólico". O el discurso oficial, que a menudo engloba a todos los productores identificándolos con un grupo selecto que, dice, tiene retenida soja (soya) por 2.900 millones de dólares.