Las drogas en la agenda de Obama

AP "A medida que se intensifica la lluvia de químicos, el área cultivada de coca en vez de disminuir, aumenta", dice Restrepo.

Javier Dario Restrepo
Bogotá, Colombia

En la pantalla del radar del avión de la CIA que vigilaba aquella parte de la selva amazónica, apareció, nítida, la señal de una aeronave que, al parecer, no había registrado su plan de vuelo ante las autoridades de Perú, ni de Colombia. Los pilotos estadounidenses encontraron sospechoso el vuelo del pequeño Cessna y así lo comunicaron al oficial peruano que los acompañaba. Obedientes a las resoluciones del Tribunal Supremo, los militares de Estados Unidos no toman la iniciativa de atacar si no está en inminente peligro una vida humana; por eso siempre llevan consigo personal militar del país que sobrevuelan.

El peruano ordenó a un caza acercarse a la nave sospechosa y, a pesar de las voces de auxilio que entraron a la radio y que hicieron dudar a los de la CIA, dio la orden de disparar. En la nave derribada encontraron dos cadáveres: el del misionero Roni Bowers, de 35 años, y el Charity, una bebita de 7 meses, su hija adoptiva.

En la polémica que desató el episodio, otra vez se puso en evidencia el rostro siniestro de una política que ha convertido en asunto de guerra, lo que puede ser considerado un problema de salud; y que le da más importancia a las soluciones militares que a las acciones políticas y de educación contra el tráfico y el consumo de drogas.

La guerra de los químicos

Así como en el episodio se le había hecho el esguince a la resolución del Tribunal Supremo con el recurso al oficial peruano, para mantener la vigilancia y la acción armada de la CIA, cuando 127 expertos certificaron la inconveniencia del uso de químicos en las fumigaciones de los cultivos de coca, el presidente Reagan también le hizo el quite al concepto científico. Después se utilizarían pruebas falsas para demostrar que el Tebulthuion no contamina las aguas.

Una política así, obstinada y en contravía de las realidades, es parte de la herencia que por estos días se examina y discute en la oficina oval de la Casa Blanca.

La idea de las fumigaciones en Colombia, presentada por delegaciones de congresistas de Washington y acompañada con seductores ofrecimientos de ayuda, fue rechazada por el presidente Turbay y aplicada por Belisario Betancur a raíz del asesinato del ministro Rodrigo Lara, en 1982

En esos años se hicieron fumigaciones de 760 hectáreas en 1986, de 460 en 1987, de 230 en 1988. El año pasado fueron de 20.000. Se han utilizado en estos años el paraquat, el garlon 4, el glifosato, el mazapyr y el tebulthuion, más con criterio de preferir el producto menos costoso que el menos dañino. Sucedió cuando entre el mazapyr y el tebulthuion se escogió éste por barato, a pesar de su nocividad: donde este químico cae, como en el paso de Atila, no vuelve a crecer la yerba en 18 meses.

Los daños no han importado. El glifosato que llueve desde las avionetas sobre cultivos de coca, sembradíos para el auto sustento de los campesinos, fuentes de agua y viviendas, en Estados Unidos se usa con extremas precauciones y nunca desde avionetas de fumigación. Más dañino es el tebulthuion, que en Estados Unidos sirve para esterilizar el suelo alrededor de las torres de electricidad y en el recorrido de los cables de energía; en sus canecas se lee: "No se use en zonas agrícolas". Estuvo prohibido entre 1986 y 1994 y después la Dow se abstuvo de venderlo por el temor a las demandas que la compañía tendría que afrontar por los daños del producto. Ese temor no existe para la utilización del veneno en Colombia.

Ante los informes científicos sobre la inocuidad de estos productos, la Asociación Internacional para la Defensa del Medio Ambiente afirmó: "es riesgoso decir que no causen daño."

El aumento de los cultivos

A medida que se intensifica la lluvia de químicos, el área cultivada de coca en vez de disminuir, aumenta. Las 8.000 hectáreas de 1985 en 1998 ya eran 115.000 y en el 2008, tras una intensa fumigación de 220.000 hectáreas, crecieron en un 27%. A fines del siglo pasado Coletta Younger, de la oficina antinarcóticos de Washington, anotó: "donde más se fumiga, aumenta la producción". Un informe de 400 páginas de la Oficina Federal de Washington para la América Latina, demostró "el rotundo fracaso de la política antidrogas" después de una inversión de 25 mil millones de dólares. The Economist en el 2001, lo comprobó: "varios años de fumigación no han podido detener el crecimiento de los cultivos". Y en las calles de las ciudades en Estados Unidos se paseaba la prueba reina de ese fracaso: el gramo de cocaína que se había vendido a 550 dólares, llegó a comprarse por 37 dólares.

La droga en la sala oval

El eco de este fracaso debe resonar por estos días en la Casa Blanca. Los anuncios sobre una continuidad de la política antidrogas, son vagos. Más concretos serán cuando el presidente Obama diga si se mantiene, se reduce o se aumenta el Plan Colombia y bajo qué criterios. ¿Menos contratistas de Estados Unidos empeñados en mantener una guerra antidrogas? ¿Más componente nacional colombiano, pero con los mismos criterios bélicos? ¿O una nueva política inspirada en las lecciones de un fracaso costoso en dinero, en vidas humanas y en progreso del narcotráfico? ¿Acaso, oído atento al editorial de un diario colombiano que, sin dudarlo, estampó en gruesas letras: "Las fumigaciones deben hacerse con toda contundencia. Sólo así habrá paz"?

Lo cierto es que en la búsqueda de soluciones convergen dos altos intereses: el de Estados Unidos contra una droga que gana terreno entre su población, por su bajo costo y sus daños cada vez más profundos; y el de Colombia, contra una droga que financia la subversión, que alienta la violencia urbana y que corrompe a sus instituciones. Y que ha aumentado su poder en la misma proporción de los fracasos de quienes deben combatirla.